Más de 700 empresas del rubro de la construcción han quebrado en los últimos cinco años

“La peor crisis de la historia”. Ese es el diagnóstico que entregan algunos expertos frente al panorama que está viviendo la industria inmobiliaria y de la construcción, que se detonó desde el estallido social. La inflación, la paralización de obras, las altas tasas de interés, el alza del costo de los materiales y la baja demanda por parte de los clientes, son algunas de las complicaciones que han tenido que enfrentar las empresas del sector.

Este escenario no solo ha afectado a los resultados financieros, sino que en varias oportunidades algunas firmas han tenido que recurrir a medidas extremas, como solicitar procesos de reorganización o pedir su quiebra.

En los últimos cinco años la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento recibió 731 solicitudes de liquidación por parte de empresas del rubro, que además de constructoras e inmobiliarias, considera a proveedores. En tanto, en el mismo lapso, 37 firmas pidieron la reorganización.

Este año, entre enero-noviembre, 134 firmas de la industria han solicitado su liquidación, lo que significa un alza del 15,5% respecto al mismo lapso de 2022. Mientras que, a la fecha, solo ocho empresas del rubro entraron a reorganización, lo que se compara favorablemente con las 11 compañías del ciclo anterior.

Por su parte, dentro de las 1.413 empresas inscritas en el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas, nueve han declarado su quiebra entre enero-noviembre de 2023, en tanto, solo una entró en reorganización.

Al mirar con lupa las empresas que han tenido que acudir a estas medidas, se encuentran firmas con años de trayectoria, como es el caso de Arauco S.A., que tras 39 años de historia, la justicia decretó su quiebra en septiembre.

También está el emblemático caso de caso de la constructora Claro, Vicuña, Valenzuela -fundada en 1957-, que en noviembre de 2022 la justicia decretó su liquidación.

Sumado a las complicaciones ya mencionadas, Alfredo Echavarría, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), explicó que otro factor que han enfrentado ciertas empresas del rubro -específicamente aquellas que ejecutan obras de infraestructura pública- es la demora de los pagos por parte de las entidades estatales mandantes.

“Es por este motivo que desde hace más de un año estamos tramitando con las autoridades el pago de las compensaciones por las alzas de materiales ya mencionadas. Lo mismo con la agilización de los pagos y liquidaciones de contratos terminados y también con los pagos de las obras en ejecución que este año tuvieron en general bastantes atrasos”, explicó el vicepresidente del gremio de la construcción.

Consultados sobre las medidas a tomar para enfrentar la crisis del sector, el MOP destacó que, además del pago retroactivo a los contratos -que en los últimos dos años las cifras de pagos constan principalmente de 217 empresas contratistas beneficiadas por 1.478 operaciones, lo que equivale al pago de $ 140.314 millones-, están permanentemente trabajando en medidas para ayudar a la industria. “Entre las cuales están los cambios normativos que estamos impulsando para propiciar el aumento de oferentes en licitaciones, el financiamiento a los contratos y la reducción del tiempo de trámite de licitaciones públicas, tratos directos y sus modificaciones”, destacaron desde el ente público.

Mejoras para 2024

Sobre el panorama actual, Echavarría indicó que espera que el número de empresas que solicitan su quiebra o entran en procesos de reorganización no siga creciendo, ya que esto ha sido un “golpe muy fuerte” no solo para la construcción, sino que para toda la economía y el país.

Asimismo, el ingeniero civil recalcó que es difícil hacer proyecciones, pero que confía en que el próximo año la reactivación llegue para la industria, y enfatizó que se necesita avanzar rápidamente en medidas reactivadoras, como las 25 que propuso el gremio a las autoridades, que incluyen varias iniciativas relacionadas con mejorar el sistema de permisos sectoriales y ambientales.

Por su parte, el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, mencionó que con la nueva Ley de Insolvencia, más empresas con problemas de solvencia podrán seguir operando, especialmente las de menor tamaño.

“Esto, ya que comenzará a operar una reorganización más económica y simple para este segmento de la economía, que se caracterizará por tener menos barreras de acceso y menos burocrática”, concluyó el personero.